A las 13:47 horas del sábado 25 de noviembre, una fuerte explosión sacudió la junta auxiliar de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. La tragedia se originó en un polvorín presuntamente clandestino ubicado en una casa particular, dejando tres muertos y tres heridos.
De acuerdo con reportes preliminares, dos personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que una tercera falleció minutos después en el Hospital General de Tecamachalco. Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el estado de salud de los tres lesionados que permanecen hospitalizados.
Elementos de Protección Civil estatal, bomberos y policías municipales resguardaron la zona tras el siniestro. No obstante, hasta el momento no se han informado las causas exactas del accidente ni si el lugar contaba con los permisos correspondientes para operar como negocio de pirotecnia.
Este no es un caso aislado. El 9 de mayo de 2024, otra explosión de un polvorín en Santo Tomás Hueyotlipan resultó en la muerte de dos personas y dejó dos heridos. Estas tragedias recurrentes destacan la falta de regulación en la fabricación y almacenamiento de productos pirotécnicos en la región.
A pesar de los riesgos evidentes, la pirotecnia sigue siendo una actividad económica importante en el municipio, lo que dificulta la implementación de medidas estrictas. La falta de supervisión adecuada y la existencia de talleres clandestinos agravan el problema.
Organizaciones civiles y habitantes locales han solicitado a las autoridades intensificar los operativos de inspección y aplicar sanciones más severas a quienes incumplan las normativas de seguridad.
