La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento en México en los últimos años, revelando la creciente vulnerabilidad de la población ante este crimen. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de extorsión en el país ha seguido una tendencia ascendente desde 2015, con un incremento constante que refleja no solo el crecimiento del delito, sino también las limitaciones en su denuncia y persecución.
Crecimiento sostenido
En 2016, la tasa de extorsión fue de 4.6 casos por cada 100 mil habitantes. Para 2023, esa cifra escaló a 7.9, lo que representa un aumento preocupante en menos de una década. Los datos del Inegi señalan que la extorsión es uno de los delitos menos denunciados, en parte debido a la dificultad de rastrear a los responsables, quienes operan mayoritariamente a través de llamadas telefónicas o, cada vez más, mediante redes sociales. Esta cifra negra, que representa el número de delitos no denunciados, se estima en 97 de cada 100 casos, lo que agrava la percepción de impunidad y dificulta la actuación de las autoridades.
A lo largo de los años, las cifras han oscilado, pero la tendencia sigue siendo clara. En 2017, la tasa fue de 4.9, aumentando a 5.3 en 2018 y alcanzando un pico de 6.9 en 2019. Aunque en 2020 se registró una leve disminución a 6.2, el delito volvió a repuntar en los años siguientes, alcanzando 8 casos por cada 100 mil habitantes en 2022 y manteniéndose en un nivel similar en 2023. Para agosto de 2024, la tasa acumulada ya era de 5.2, igualando los niveles de 2018, a pesar de que faltaba registrar el último cuatrimestre del año.
Entidades con mayor incidencia
Los estados más afectados por este delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyen a Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, con tasas de 16.5, 14.7 y 14.5 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Otros estados con tasas alarmantes son Colima (10.8), Nuevo León (10.2) y Jalisco (7.7). Estas cifras reflejan una problemática extendida en el país, aunque también plantean la pregunta de si estas entidades están entre las que presentan mayor cantidad de denuncias o simplemente registran una incidencia más alta de extorsiones.
La extorsión y la impunidad
El Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), estimó que en 2023 se cometieron más de 31 millones de delitos en México, de los cuales más del 90% no fueron denunciados. Dentro de esta cifra, 4.9 millones corresponden a casos de extorsión, lo que convierte a este delito en uno de los más recurrentes, representando el 15.66% de los delitos diarios en el país. Sin embargo, el hecho de que el 96.7% de los casos no se denuncien agrava el panorama, posicionando a la extorsión junto con el fraude como las formas delictivas más ignoradas por las víctimas y, por ende, menos castigadas.
Retos y estrategias deficientes
Uno de los principales factores que explican el crecimiento de la extorsión es la capacidad de las organizaciones criminales para obtener bases de datos y utilizar sofisticadas infraestructuras para cometer el delito, desde llamadas telefónicas masivas hasta el robo de identidades en redes sociales. Mientras los delincuentes van un paso adelante, las autoridades carecen de una estrategia eficaz para la prevención, investigación y sanción de este crimen, lo que ha permitido su expansión.
Este vacío en la respuesta institucional genera un entorno de impunidad que deja a las víctimas desprotegidas, afectando particularmente a los sectores más vulnerables de la población. Ante esta realidad, queda la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas integrales que combatan la extorsión desde un enfoque preventivo, pero también que refuercen la capacidad de respuesta de las autoridades para frenar el avance de este delito en México.
Vía Excelsior
