La FGR asegura que no hay pruebas ni urgencia en la solicitud de EU para detener a funcionarios mexicanos, incluido Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura sobre la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejó claro que, por ahora, no existen elementos suficientes para proceder.
Durante una conferencia, el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez explicó que la petición enviada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no corresponde a un proceso formal de extradición, sino únicamente a una solicitud de medida cautelar para detención provisional con fines de extradición.
#Nacional | El titular de la Fiscalía especializada de control competencial de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), el doctor Raúl Jiménez Vázquez, informó que el procedimiento solicitado desde Estados Unidos 🇺🇸 contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el… pic.twitter.com/PXlXQpSNBg
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) May 1, 2026
El funcionario detalló que, tras un primer análisis, la FGR detectó inconsistencias relevantes en el documento enviado por autoridades estadounidenses. Entre ellas, destacó la ausencia de pruebas, fundamentos jurídicos y argumentos que justifiquen la urgencia de detener a los implicados.
“En el pedimento no hay evidencia ni elementos que permitan acreditar la necesidad de una detención inmediata”, señaló, al subrayar que este tipo de medidas implican una restricción a los derechos humanos y, por tanto, deben estar plenamente sustentadas.
Además, la Fiscalía advirtió que la difusión pública del caso podría comprometer el debido proceso, lo que añade complejidad al análisis legal. Por ello, informó que solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que Estados Unidos entregue toda la documentación, pruebas y argumentos necesarios para evaluar correctamente la petición.
El fiscal también enfatizó que México actuará conforme a su marco legal y a los tratados internacionales, particularmente el acuerdo bilateral de extradición entre ambos países. En ese sentido, aclaró que cualquier decisión futura dependerá de la calidad de la información que sea proporcionada por las autoridades estadounidenses.
Este posicionamiento se da en medio de la tensión política generada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, lo que ha provocado reacciones tanto del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum como de actores de oposición.
Mientras el gobierno mexicano insiste en la necesidad de pruebas contundentes y en la defensa de la soberanía nacional, el caso continúa escalando en el terreno político y diplomático, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva sobre la posible detención o extradición de los implicados.
