Gobierno de Puebla analiza asumir control de 11 penales municipales tras reprobar 14 de 16 cárceles en evaluación de la CNDH: Francisco Sánchez González informó que se busca mejorar las condiciones de alimentación, habitabilidad y hacinamiento.
El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, informó que el Gobierno estatal evalúa hacerse cargo de la administración de los 11 centros penitenciarios municipales, ante las deficiencias de seguridad, alimentación, hacinamiento e infraestructura. La propuesta surge después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorgara al sistema penitenciario poblano una calificación promedio de 5.10 sobre 10, con Acatlán de Osorio como el penal peor evaluado del país.
El Gobierno de Puebla analiza asumir la administración de los 11 centros penitenciarios municipales que actualmente operan bajo responsabilidad de distintos ayuntamientos, como una medida para atender las deficiencias detectadas en materia de derechos humanos, seguridad, alimentación, hacinamiento y condiciones de habitabilidad.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, quien explicó que la dependencia tiene facultades legales para supervisar los penales municipales y emitir recomendaciones, pero que actualmente se estudia la posibilidad de modificar el esquema de administración para que el Gobierno estatal asuma directamente su operación.
SSP Puebla evalúa cambiar la administración de los penales municipales
Durante una conferencia de prensa, Francisco Sánchez González explicó que la Secretaría de Seguridad Pública realiza visitas periódicas de supervisión a los centros penitenciarios municipales, en cumplimiento de sus atribuciones legales.
En estas inspecciones, la dependencia identifica deficiencias y emite recomendaciones a las autoridades responsables de los establecimientos.
Sin embargo, ante la persistencia de problemas estructurales, el Gobierno estatal comenzó a evaluar la posibilidad de asumir directamente el control administrativo de los 11 penales municipales.
“Nosotros tenemos por ley la supervisión de los penales municipales. Dentro de las visitas de supervisión hacemos una serie de recomendaciones”, explicó el vicealmirante.
#LaMañanerAA 🚨🏛️ ¡SSP ANALIZA QUITAR A LOS AYUNTAMIENTOS EL CONTROL DE LOS PENALES MUNICIPALES!
🔐⚖️ El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la @SSPGobPue, reveló que el Gobierno del Estado evalúa asumir la administración de todos los centros penitenciarios municipales ante las deficiencias detectadas en sus condiciones de operación.
🚔📋 Explicó que actualmente estos penales son administrados por los ayuntamientos, que reciben aportaciones económicas de distintos municipios para cubrir sueldos de custodios, alimentación de las personas privadas de la libertad y gastos de funcionamiento.
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) October 19, 2026
El funcionario detalló que hace aproximadamente dos meses sostuvo una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de analizar alternativas para mejorar las condiciones de los reclusorios.
Entre los participantes mencionó a la presidenta del organismo estatal de derechos humanos, Rosa Isela Sánchez Soya, y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
“Estamos evaluando la posibilidad de, en un momento dado, tomar el control de los penales municipales y administrarlos nosotros”, señaló.
La propuesta se encuentra todavía en fase de análisis jurídico, administrativo y operativo, por lo que no existe un anuncio definitivo sobre el traslado de responsabilidades.
¿Cómo funcionan actualmente los 11 penales municipales de Puebla?
El titular de la SSP explicó que los centros penitenciarios municipales funcionan mediante un esquema de administración en el que participan diferentes ayuntamientos.
De acuerdo con su explicación, los municipios realizan aportaciones económicas para sostener la operación de los penales, recursos que se integran en programas de inversión y gasto destinados a cubrir las necesidades de cada establecimiento.
Entre los principales conceptos financiados mediante este esquema se encuentran el pago del personal de custodia, la alimentación de las personas privadas de la libertad y los gastos generales de administración.
Actualmente, estas responsabilidades recaen en las autoridades municipales correspondientes.
La posibilidad de que el Gobierno estatal asuma el control implicaría revisar la distribución de facultades, el financiamiento y la operación cotidiana de los establecimientos penitenciarios.
No obstante, Sánchez González no precisó si la propuesta contempla absorber los presupuestos municipales, transferir al personal de custodia o establecer un nuevo mecanismo de aportaciones económicas.
Tampoco informó una fecha para determinar si la administración estatal asumirá formalmente estos centros.
Buscan mejorar alimentación, habitabilidad y reducir hacinamiento
Uno de los principales objetivos del eventual cambio administrativo sería atender las condiciones materiales y sanitarias de los penales municipales.
El vicealmirante explicó que la medida permitiría buscar mejoras en la alimentación, la habitabilidad y los problemas de sobrepoblación, factores que afectan directamente la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
“Estamos evaluando la posibilidad de cambiar la administración de los penales para precisamente evitar este tipo de situaciones, obviamente, y que vayan mejorando las condiciones de habitabilidad, que vayan mejorando las condiciones de alimentación, que son también muy importantes, y obviamente de hacinamiento”, declaró.
Las declaraciones del funcionario coinciden con las observaciones de organismos de derechos humanos que han documentado deficiencias en infraestructura, servicios médicos, suministro de agua, alimentación, vigilancia y gobernabilidad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, el cambio de administración no garantiza por sí mismo la solución de estos problemas, ya que también se requerirían recursos presupuestales, personal capacitado, mantenimiento e instrumentos de supervisión.
CNDH reprueba 14 de los 16 penales evaluados en Puebla
La propuesta de la SSP surge después de que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 evidenciara condiciones críticas en el sistema penitenciario poblano.
Según los resultados reportados, 14 de los 16 centros evaluados obtuvieron menos de seis puntos, mientras que únicamente dos alcanzaron una calificación aprobatoria.
Datos del diagnóstico CNDH 2025 y declaraciones de la SSP Puebla. Los 11 penales municipales no equivalen a los 16 establecimientos evaluados por la CNDH.
El diagnóstico ubicó a Puebla en semáforo rojo y como la séptima entidad con peor evaluación penitenciaria del país.
Los únicos centros que obtuvieron resultados aprobatorios fueron el Centro Femenil de Ciudad Serdán, con 6.18 puntos, y el penal de Tepexi de Rodríguez, con 6.07.
En contraste, los establecimientos con las calificaciones más bajas fueron:
| Centro penitenciario | Calificación CNDH 2025 |
|---|---|
| Acatlán de Osorio | 3.42 |
| Huejotzingo | 3.84 |
| Libres | 4.58 |
| Huauchinango | 4.69 |
| San Pedro Cholula | 5.11 |
| San Miguel, Puebla capital | 5.31 |
Acatlán de Osorio no sólo fue el penal peor evaluado de Puebla, sino también el establecimiento con la calificación más baja a nivel nacional, de acuerdo con los resultados citados del diagnóstico.
Sobrepoblación y autogobierno, entre los problemas detectados
Los diagnósticos de derechos humanos han identificado problemas de sobrepoblación y hacinamiento en diferentes centros penitenciarios de Puebla.
Uno de los casos señalados es el penal de San Pedro Cholula, donde se reportó una población superior a 430 personas, pese a que las referencias de capacidad instalada oscilan entre 159 y 226 espacios.
También se documentaron problemas de sobrepoblación en Acatlán de Osorio, Zacapoaxtla, Huejotzingo, Libres, Tecamachalco y Tepeaca.
En Acatlán de Osorio, la sobrepoblación reportada alcanzó 62%, situación que agrava las condiciones de internamiento y dificulta garantizar espacios adecuados para la población penitenciaria.
A estas deficiencias se suman señalamientos de autogobierno y cogobierno, particularmente en centros como San Pedro Cholula y San Miguel, donde se han identificado riesgos relacionados con la intervención de personas privadas de la libertad en funciones que corresponden a las autoridades.
Los organismos de supervisión también han señalado la existencia de cobros no autorizados, extorsiones y otras prácticas que afectan la gobernabilidad penitenciaria.
Penales presentan deficiencias médicas, sanitarias y de infraestructura
Además de la sobrepoblación, las evaluaciones han documentado problemas materiales que afectan la vida cotidiana de las personas privadas de la libertad.
Entre las principales deficiencias se encuentran humedad, fallas en drenajes, instalaciones eléctricas expuestas, presencia de fauna nociva y deterioro de dormitorios y sanitarios.
También se han identificado problemas relacionados con la falta de personal médico, escasez de medicamentos y espacios insuficientes para la atención sanitaria.
En determinados establecimientos se reportaron dificultades para garantizar alimentación adecuada y suministro de agua potable.
Estas condiciones adquieren relevancia frente a la propuesta de la SSP, debido a que la administración penitenciaria implica garantizar servicios básicos y condiciones compatibles con los derechos humanos, además de mantener el orden y la seguridad.
Evaluación estatal también identifica deficiencias en las cárceles
Por separado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) elaboró su propio Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025, en el que evaluó 17 establecimientos, incluido el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).
Este diagnóstico otorgó una calificación promedio de 6.7 sobre 10, superior a los 5.10 puntos registrados por la CNDH.
Entre los centros mejor evaluados por el organismo estatal estuvieron Tlatlauquitepec, con 8.8, y el CIEPA, con 8.6.
No obstante, Huejotzingo, Acatlán de Osorio, Tecamachalco, Libres y Ciudad Serdán obtuvieron resultados reprobatorios.
Las diferencias entre ambos diagnósticos son significativas.
Por ejemplo, Tlatlauquitepec recibió 5.56 puntos en la evaluación nacional y 8.8 en la estatal, mientras que San Miguel obtuvo 5.31 en el diagnóstico de la CNDH y 6.8 en el de la CDH Puebla.
Estas variaciones deben analizarse considerando que los organismos aplican metodologías y criterios de supervisión distintos, por lo que sus calificaciones no necesariamente son equivalentes.
Gobierno estatal aún no define cuándo asumiría los penales
Aunque el vicealmirante Francisco Sánchez González confirmó que la posibilidad de asumir el control de los penales municipales ya fue discutida con autoridades de Gobernación y Derechos Humanos, la medida todavía no ha sido aprobada ni cuenta con un calendario de implementación.
Entre los aspectos que deberán definirse destacan la viabilidad jurídica de la transferencia, el presupuesto requerido, la situación laboral de los custodios y los mecanismos para mejorar las condiciones de internamiento.
También será necesario determinar si la eventual administración estatal estará acompañada de un programa de inversión en infraestructura, atención médica, alimentación, capacitación y reducción del hacinamiento.
Por ahora, la SSP mantiene sus facultades de supervisión sobre los establecimientos municipales y continúa evaluando la posibilidad de modificar el modelo administrativo.
