El 55% de la infraestructura de las plantas tratadoras de aguas residuales municipales en estos dos estados del centro de México está inoperable, en ruinas o saqueada. Un monto de 222 millones 478 mil pesos (10 millones 937 mil 966 dólares) que se invirtieron en proyectos para mejorar el agua del río Atoyac, uno de los principales afluentes del país, terminaron en el drenaje.
Por Francisco Rivas/Reforma
María Pérez, habitante de la colonia Independencia en San Miguel Tianguizolco, en el municipio de Huejotzingo, en Puebla, mantiene una vecindad incómoda: por un lado, el río Xopanac y, por el otro, el arroyo Hejecaquitza; ambos arrastran aguas negras municipales que no son tratadas.
Su casa está contigua a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipales que no funciona por la falta de recursos para el pago de la energía eléctrica, de acuerdo a testimonios de los vecinos.
En esa colonia -de 25 familias- es común la peste que emana de las aguas a su alrededor, así como los malestares gastrointestinales en algunos residentes, principalmente en menores de edad.
A lo largo del río Atoyac, y del Zahuapan, en los estados centrales de Puebla y Tlaxcala, hay 108 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipales, pero más de la mitad no operan. En las comunidades donde se ubican, como en San Miguel Tianguizolco, los desechos pasan de largo.
Esta investigación obtuvo acceso a 45 documentos entre contratos y oficios de transparencia que dan cuenta de un gasto entre 2004 y 2021 de 524 millones 193 mil pesos (25 millones 771 mil dólares) para construir y rehabilitar este tipo de infraestructura.
De ese total, en estudios y obras se ejerció un presupuesto de 222 millones 478 mil pesos (10 millones 938 mil dólares) -42.5 por ciento- pero las plantas de tratamiento en las que se invirtió funcionaron a lo máximo un año, después quedaron abandonadas. Dinero que se fue por el caño.
En esta investigación realizada para Grupo Reforma, CONNECTAS y Aristegui Noticias, se constató, en respuestas de acceso a información pública por la Comisión Nacional del Agua y las direcciones locales en Puebla y Tlaxcala, que 60 plantas se encuentran fuera de operaciones. Un bloque de 49 fue reportado en esa condición, 10 anotadas como activas en realidad no funcionan, según se constató en una visita al sitio, y una más causó baja del inventario.
María no conoce que el problema de saneamiento en su pueblo es generalizado en la región que comprende dos estados y afecta, directa e indirectamente a más de un par de millones de habitantes que residen alrededor del Atoyac, Zahuapan, y otros cuerpos de agua que los alimentan.
Verónica Mastretta, integrante de la asociación Dale la Cara al Río Atoyac, explica que los gobiernos municipales sí son responsables de operar las PTAR por mandato del Artículo 115 de la Constitución Federal, pero observa un problema que convierte a esa infraestructura en monumentos a la desidia.
Para ella uno de los problemas está en esa división de responsabilidades entre los gobiernos estatales y los municipales. Los estados se encargan de ordenar y otorgar presupuestos para la construcción de las PTAR’s. Pero a nivel municipal, los ayuntamientos -responsables de dar seguimiento y mantener las obras- o no tienen capacidad técnica para operarlas, o no tienen presupuesto para el funcionamiento o, simplemente, tienen poco interés político por que operen. En definitiva, estas terminan deterioradas por mal manejo o inconclusas.
“La lógica de los estados ha sido simple: ‘bajamos el dinero y construimos plantas; nos deja dinero y les aventamos la papa caliente a los ayuntamientos’. Los municipios decían que sí, firmaban ilusionados hasta que llegaba el primer recibo de luz de la planta de hasta 300 mil pesos (15 mil dólares) o más”, señala.
Esto pasó en la planta de tratamiento en Santa Clara Ozumba, Tlaxcala, en donde la autoridad no pudo cubrir el costo del servicio de energía eléctrica – menos de 50 mil pesos -, y también en las plantas de Santa Ana Xalmimilulco, San Miguel Tianguizolco y Huejotzingo, en Puebla.
“Deben visualizar cuál será la gestión de la planta y cómo puede ser autosuficiente. ¿De dónde pueden obtener ingresos los ayuntamientos? Pero hoy no tienen un órgano operador de agua, ni un padrón, menos ingresos para operar las plantas, y los estados no piensan en eso”, agrega.
Las ruinas y saqueo
Miguel recuerda con claridad la tarde-noche en la que comenzó el saqueo, era 2011. Escuchó ruidos en su campo de cultivo, muy cerca de su casa. Para no ir solo llamó a su vecino, un hombre mal encarado, dueño de un rifle que utiliza para protección de la familia ya que en la zona se refugiaban integrantes de bandas dedicadas al robo de combustible, que ordeñan ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). “Nos acercamos y vimos que afuera de la planta de tratamiento, a un lado de mi terreno, había un par de motocicletas y unos hombres”. Entonces arrojó una piedra y les gritó.
–¡Qué carajo quieren, váyanse! –les dijo usando un tono de voz fuerte, pensaba que solo estaban ahí para drogarse.
–¿Qué, esto es suyo? ¿Qué chingada madre les importa? No se metan porque ese rifle no les va a servir de nada; váyanse o les metemos un tiro –obtuvo de respuesta.
Así, cuenta, comenzó el saqueo de material eléctrico, principalmente cobre, también aluminio y herrería, todo lo que componía a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) de San Rafael Ixtapaluca, municipio de Tlahuapan, en Puebla, luego de un incipiente funcionamiento de nueve meses.
Hoy esa planta se encuentra en ruinas. No hay enrejado. Menos hay vigilancia y cualquiera puede ingresar; solo hay estanques con agua acumulada, de tono verde, con hierba alta y decenas de moscos, además de malos olores.
Testimonios obtenidos en las comunidades donde hay una PTAR explican que, después de que la autoridad municipal deja de operarlas -por no pagar el servicio de energía eléctrica, no darle mantenimiento, o por otros motivos-, las instalaciones se quedan sin vigilancia y son blanco de delincuentes que las saquean. Luego comienza el deterioro natural que las deja en ruinas.
Jesús Caballero cuenta que la planta captaba las aguas negras de la comunidad en la que, además vertían desechos de pequeñas lavanderías y maquilas dedicadas al lavado de prendas de vestir bajo el modelo de subcontratación, hasta que el municipio dejó de operarla por su alto costo de operación.
“Hay desechos químicos por las tintorerías (lavanderías). Para prevenir infecciones como tal, sí, sí nos haría mucha falta su funcionamiento. Ya no hay tanto desecho químico porque el material ya viene teñido, pero sigue existiendo”, agrega Jesús.
En la misma zona hay otras cuatro plantas más en ruinas: San Miguel Tianguistenco, Santa Cruz Otlatla, San Juan Cuauhtémoc y San Lucas El Grande, las tres primeras del municipio de Tlahuapan y la segunda de El Verde, todas en Puebla.
Este paquete de PTAR´s se construyeron en los gobiernos de Mario Marín Torres, del partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Rafael Moreno Valle Rosas, del Partido Acción Nacional (PAN), que gastaron 72 millones 847 mil pesos (3 millones 224 mil dólares), y como en la mayoría de los casos, dejaron de operarlas.
En esos sitios, así como en San Rafael Ixtapaluca, corren manantiales provenientes del deshielo de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl y, al final de su trayecto, llegan al Atoyac. Conforme esa agua pasa por los pueblos, captan carga contaminante por la falta de tratamiento.
Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, afirma que los estados han hecho un negocio de la construcción de las plantas de tratamiento con las que justifican presupuestos, pero sin un plan integral que incluya la previsión presupuestal del municipio ni la opinión de la comunidad.
“Se han invertido millones de pesos y ahí prevalece corrupción. En Tlaxcala reportaron más de 3 millones de pesos en una planta, en San Rafael Tenanyecac, Nativitas, en donde quedaron solo cuatro paredes; esto te habla de un proceso de corrupción, porque dan como existente una planta, pero tiene nada más cuatro paredes”, señala.
Es grave, dice Méndez, porque se trata de una política pública que se repite: la constante es la construcción de plantas y su no operación. Agrega que, de no asumirse una acción integral de saneamiento, las autoridades perpetuarán violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región.
“Justifican presupuestos para plantas de tratamiento que después no funcionan, pero ¿por qué? Porque ya no hay un presupuesto gubernamental que sostengan ese financiamiento y los municipios no recaudan ingresos propios suficientes para mantenimiento”, comenta.
Se toman el agua
Ignacio Luna, inspector auxiliar de la comunidad de Santa Cruz Otlatla, explica que la relevancia de contar con el funcionamiento de la PTAR consiste en sanear las aguas residuales para no arrojar más desechos al Atoyac.
Sin embargo, admite que el drenaje va directo a una barranca del Parque Nacional Izta-Popo hasta llegar al río, porque han ignorado sus peticiones de rehabilitar las instalaciones.
“Desgraciadamente hay lugares en donde se utiliza el agua hasta para tomar y si esta planta no se arregla y el municipio no hace caso (…) La comunidad es chica para solventar los gastos que se requieren para que esa planta se ponga a trabajar”, comenta.
Luna dice que en caso de mantenerse la planta sin operar implica una afectación al medio ambiente en la región. Aguas abajo, donde todavía hay agua cristalina, sirve para consumo humano, pero ya circula con desechos orgánicos como heces fecales, una primera contribución negativa en la cuenca.
La PTAR de San Lucas El Grande, en El Verde, es otro ejemplo de las ruinas de lo que pretendió ser parte del saneamiento. Hilario Ortiz, vecino de San Cristóbal, lleva ahí a sus vacas por la hierba crecida.
En 2010, recuerda, una tormenta provocó la crecida del arroyo que desbordó e inundó la planta, y sus aguas, por la fuerza de la corriente, derrumbaron más de la mitad de la barda perimetral y dejó todo inservible.
“Vino a dar el río y se llevó toda la barda; ahí pusieron una tela y también se la llevó, y de ahí para acá ya no hicieron nada. Se quedó así, abandonada; ahorita ya hasta las escaleras se llevaron, todo se llevaron”, apunta.
En 2017, el gobierno de Antonio Gali Fayad realizó una licitación pública para rehabilitarla e incluso adjudicó un contrato por 17.14 millones de pesos (859 mil 683 dólares), aunque se canceló por insuficiencia presupuestal.
Un funcionario del Ayuntamiento de El Verde, que pidió reservar su identidad, confirmó la existencia del expediente de obra y su respectiva baja por la falta de recursos estatales y municipales.
“No es un desaire o desinterés, fue un tema natural por el desbordamiento del río (que quedó fuera de operaciones); hay una complejidad de llevar a cabo la obra porque se requiere de invertir mucho dinero”, dijo el funcionario municipal.
Agua entra a la planta en Tlaxcala, pero sale sin ser tratada
El gobierno del estado de Tlaxcala gastó 20 millones de pesos (983 mil dólares) en la rehabilitación de la PTAR de Panotla. Al recorrer ese lugar, se observó que las instalaciones están recién pintadas, limpias, pero sin ningún tipo de funcionamiento. No hay personal ni de vigilancia.
El agua residual del municipio entra a la planta pero no es tratada y corre por un colector hasta desembocar al río Atoyac. El agua sale turbia, con un tono verdoso, pestilente, y así se va al cauce.
En la planta de San Tadeo Huiloapan, también perteneciente a Panotla, gastaron 524 mil 284 pesos (25 mil 700 dólares) para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de la PTAR, y aunque el estudio se hizo, no hubo obra y sigue fuera de funcionamiento.
El gobierno municipal informó, vía la dirección de Comunicación Social, que comenzaron la revisión de las plantas y que, debido al reciente cambio de autoridades, la nueva presidenta municipal, Félicitas Vázquez Islas, revisaría la situación y los requerimientos para ponerlas a operar.
En el municipio de Nativitas, Tlaxcala, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, documentó un gasto de 3 millones de pesos (148 mil 150 dólares) en la planta de San Rafael Tenanyecac en la que hoy solo hay dos tanques de concreto inservibles.
Las instalaciones están cubiertas por la hierba de más de tres metros de alto. Apenas y se ve el cemento de la infraestructura; ya no hay tubería, o no se distingue entre la maleza.
“Nunca funcionó y a las autoridades ni les importa, vea, ya está toda tapada por la hierba y nadie se preocupa porque funcione o al menos para ver si todavía puede funcionar”, comenta Josué, vecino de la comunidad.
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), dependencia estatal en Tlaxcala, otorgó un contrato de 55 millones de pesos (2 millones 700 mil dólares) a la empresa Evicsa Construcciones S.A. de C.V. para la PTAR intermunicipal, también en Nativitas, y aunque se ejecutó la obra, no funciona.
Se buscó al presidente municipal de Nativitas, Carlos García Sampedro, para conocer los motivos que mantienen a las plantas sin operación, pero no respondió a la solicitud.
Daños a la salud humana
Con base en una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se detectó una situación grave en materia de salud, dice Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.
“El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM encontró que en el ambiente de la región hay compuestos orgánicos volátiles como benceno, que es cancerígeno. Su peso es menor al agua, se eleva y se propaga con el viento, y la población respira de manera crónica”, informa.
El funcionamiento de plantas – industriales y municipales- con capacidad para tratar sustancias tóxicas evitaría que estas llegaran al río y, posteriormente, quedaran expuestas a las personas.
Esto ocurre alrededor del río en los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal. “Incluso desde 2004 la doctora Regina Montero documentó daño geno-tóxico por exposición a contaminación ambiental”, comenta.
“Sabemos que las enfermedades son multifactoriales, pero esto hace muy vulnerables a las personas a contraer cáncer, insuficiencia renal, y a mujeres con abortos espontáneos”, añade.
Verónica Mastretta, de Dale la Cara al Río Atoyac, coincide en que hay un problema grave de salud que obliga a no postergar más la intervención oficial.
Explica que es frecuente el hallazgo de población infantil con enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos, según el grado de exposición o contacto con ese cuerpo de agua.
Señala que hay fábricas que arrojan sus residuos a colectores municipales que van a parar a plantas de tratamiento que no funcionan y esos desechos van directo al río, y quedan expuestos a miles de personas que habitan en las inmediaciones. En donde sí funcionan, agrega, las plantas no poseen capacidad de tratar sustancias tóxicas e igual van al río.
Empresas responsables de obras con domicilios fiscales sospechosos
Si bien las obras de construcción y rehabilitación de las plantas de tratamiento se concretaron, lo que dan cuenta documentos a los que se tuvo acceso, empresas que participaron en esas acciones registraron domicilios fiscales en edificios de departamentos, casas modestas y hasta en un lote baldío.
La firma Zunikabe Construcción y supervisión S.A. de C.V., que se encargó solamente de supervisar proyectos ejecutivos de las PTAR -zona Huejotzingo y Tlahuapan-, tiene como dirección la Avenida Circunvalación Número 2227, en la Colonia San Manuel, en la ciudad de Puebla. El sitio es un edificio multifamiliar en el que vecinos no conocen esa compañía.
“Llevo más de cuatro años viviendo aquí y nunca había escuchado de esa empresa; sí hay despachos aquí, pero no con ese nombre”, afirma uno de los residentes.
Diseño Funcional en Construcción S.A. de C.V., que también obtuvo un contrato en este rubro, reportó su domicilio fiscal en Bulevar Carlos Camacho Espíritu Número 2215 que se trata de un lote abandonado, con un cuarto en el interior sin ninguna persona presente.
“Ahí nunca hay nadie, la verdad no sabíamos de una constructora o despacho de ingenieros”, dice un comerciante de frutas que trabaja a menos de 50 metros del terreno.
OSRU Control, Proyectos y Construcción de Obras S.A. de C.V., está dada de alta en la Calle Francisco Javier Mina Número 39, de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, pero se trata de una vivienda de estrato socioeconómico popular.
Durante dos visitas al sitio nadie abrió la puerta, aunque los vecinos afirman que ahí reside una familia común, sin nexos empresariales.
Evicsa Construcciones S.A. de C.V., se localiza en San Hipólito Chimalpa, en Tlaxcala, también un barrio popular. Lo mismo pasa con HEGO Urbanizaciones S.A. de C.V., que tiene su dirección en Bulevar Lardizábal Número 210, Apizaco, Tlaxcala.
Ninguna de las empresas que se mencionan aparecen en los listados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en los que inscribe a compañías con actividades simuladas, comúnmente llamadas “empresas fantasmas”.
Deslinde de responsabilidades
Durante la investigación, se constató que las autoridades federales y de los estados de Puebla y Tlaxcala, y algunos municipios, evitan responsabilizarse de lo que sucede con las plantas de tratamiento.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se deslindó del abandono y saqueo de las PTAR mediante un par de oficios, en los que atribuye a los municipios la facultad de operar esa infraestructura con base en el Artículo 115 de la Constitución Federal.
La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) también estableció sus límites mediante respuesta a solicitudes de transparencia.
En esa disputa se encuentra la planta de la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, localizada en el municipio de Puebla, que se construyó en el gobierno de Mario Marín Torres, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y costó 7 millones de pesos (344 mil 150 dólares), hoy en ruinas.
El municipio atribuye la responsabilidad al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), pero esa dependencia ni siquiera reconoce el registro de la planta y Ceaspue dice que es competencia municipal.
Roberto Alonso, coordinador de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana (Campus Puebla), explica que más allá de quiénes aportaron recursos para la construcción o rehabilitación de una planta de tratamiento, ocurre una omisión en el momento en que la autoridad competente no cumple con su obligación legal de dotar recursos públicos para cumplir con el servicio público delegado constitucionalmente.
“Lo que podemos constatar es una ‘corrupción por omisión’, por la falta de activación de estos mecanismos de tratamiento, como lo han mandatado las autoridades. Si saben de la existencia de la infraestructura tendrían que cumplir con su obligación de ponerla en funcionamiento”, explica Alonso Muñoz.
Un ejemplo es el problema en San Pedro Zacachimalpa, donde nadie se reconoce como responsable.
Habitantes de las comunidades en donde hay plantas de tratamiento esperan que las autoridades se coordinen para rehabilitar las plantas o en su caso ofrecer una solución de saneamiento a las aguas residuales y así detener la contaminación a los ríos Atoyac y Zahuapan.
“Lo hemos pedido, que nos pongan el drenaje, por lo menos eso y que pongan en funcionamiento la planta” dice María Pérez, que ve como un desperdicio de dinero que exista infraestructura para “limpiar el agua” pero que no funcione por la desorganización entre estado y municipio.
Esto se convirtió en una demanda común en los municipios donde se ubican las 60 PTAR que esta investigación constató se encuentran fuera de operaciones, debido a que desde ahí se vierten aguas negras a barrancas o arroyos que van a parar a los dos principales ríos de la región.
Como sugiere el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, se necesita que consulten a las comunidades, que establezcan un plan integral de saneamiento y dejen de proponer la construcción de plantas que terminan en abandono.
