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Purga en el INE: suman 19 bajas tras la salida de Guadalupe Taddei

Por: Edith Adriana Colchado Jiménez

@tamalito_rosa

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Los consejeros electorales solicitaron la salida de otros cuatro funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei, mientras crecen las exigencias de investigar presuntas irregularidades.

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una reorganización de su estructura administrativa que, ya suma 19 funcionarios que renunciaron o recibieron solicitudes para dejar sus cargos. Los cambios alcanzan áreas responsables de la organización electoral, la relación con partidos políticos, la comunicación institucional y la Secretaría Ejecutiva.

Durante el fin de semana, los diez consejeros electorales solicitaron la salida de otros cuatro funcionarios identificados como parte del equipo de confianza de la expresidenta del organismo.

La decisión ocurre en medio de una crisis institucional marcada por investigaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés, relaciones entre funcionarios y proveedores, así como cuestionamientos a procedimientos de contratación realizados durante la administración de Taddei.

Cuatro nuevas salidas alcanzan áreas estratégicas del INE

Entre los funcionarios que recibieron solicitudes de renuncia se encuentra Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñaba como coordinador en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

De acuerdo con los reportes periodísticos, Chirinos llegó al instituto durante la gestión de Guadalupe Taddei y ha sido identificado por sus vínculos políticos con Morena. Su salida fue reportada este lunes.

Otro de los funcionarios es Jorge Egrén Moreno Troncoso, titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), área responsable de coordinar al personal especializado que participa de manera permanente en la organización de los procesos electorales.

Su nombre apareció en publicaciones periodísticas relacionadas con Juan Carlos Cuervo, exfuncionario del INE, y con personas vinculadas a empresas proveedoras del instituto.

Entre los empresarios mencionados en esas investigaciones figura José Alfredo Hernández Casillas, por sus relaciones con funcionarios y contrataciones electorales. Estas referencias requieren distinguir entre la existencia de vínculos personales o profesionales y la acreditación de alguna conducta ilícita.

También se solicitó la renuncia de Sergio Uzeta, quien se desempeñaba como director de Comunicación Social del INE.

Según el reporte, Uzeta confirmó que recibió la solicitud la noche del sábado 31 de octubre. Su nombre ha sido relacionado periodísticamente con Lourdes Peña Soria, identificada como una persona cercana al equipo de Guadalupe Taddei.

La cuarta salida corresponde a Juan Manuel Vázquez Barajas, quien ocupaba la Jefatura de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Con estos movimientos, la cifra reportada asciende a 19 funcionarios que han renunciado o recibido solicitudes de renuncia desde el inicio de la reorganización posterior a la salida de Taddei.

Persisten cuestionamientos sobre funcionarios y proveedores

La revisión de la estructura administrativa del INE también ha puesto atención sobre otros funcionarios que permanecen en el organismo.

Entre los nombres mencionados en reportes periodísticos se encuentra Andrea Gutiérrez Sánchez, vinculada con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a quien se atribuyen relaciones familiares y políticas con la diputada federal de Morena María de Jesús Rosete Sánchez.

También ha sido mencionada María Fernanda Romo, funcionaria del área de vinculación con los organismos públicos locales electorales y quien anteriormente trabajó en el sistema electoral de Sonora.

Estos señalamientos forman parte de las versiones difundidas sobre la integración del equipo de Taddei. La pertenencia a una administración o la existencia de relaciones políticas no acreditan, por sí mismas, irregularidades.

PAN exige investigar contratos y posibles responsabilidades

La salida de Guadalupe Taddei y de funcionarios cercanos a su administración también provocó reacciones entre los partidos políticos.

El Partido Acción Nacional (PAN) consideró insuficiente la renuncia de la expresidenta para resolver la crisis institucional y solicitó que continúen las investigaciones sobre posibles actos de corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares.

En un posicionamiento, el partido pidió esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

La exigencia se extendió al ámbito legislativo, donde representantes de distintas fuerzas políticas, incluidos PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, plantearon la necesidad de revisar las denuncias y llegar a las últimas consecuencias si se comprueban irregularidades.

Entre las medidas solicitadas se encuentra una auditoría a los procedimientos de contratación, los sistemas administrativos y los movimientos de personal efectuados durante la gestión anterior.

Empresarios piden una presidencia independiente y con experiencia electoral

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también intervino en la discusión sobre el futuro del organismo.

La representación empresarial llamó a la Cámara de Diputados a garantizar que la designación de la próxima persona titular de la presidencia del INE se realice mediante un procedimiento abierto, transparente y con reglas claras.

El organismo sostuvo que la independencia de la autoridad electoral contribuye a la estabilidad política y a generar condiciones de certidumbre para la inversión.

Asimismo, pidió privilegiar perfiles con trayectoria comprobada en materia electoral, capacidad técnica y probidad, por encima de consideraciones partidistas.

El posicionamiento coloca el proceso de sucesión del INE como una decisión que trasciende la sustitución de Guadalupe Taddei, debido a sus implicaciones para la confianza ciudadana y la organización de los próximos comicios.

Consejo General rechaza tres perfiles para consejerías locales

La reorganización también coincidió con una decisión del Consejo General sobre nombramientos en organismos públicos locales electorales.

Los consejeros no aprobaron tres candidaturas que se encontraban bajo revisión para ocupar dos vacantes: una en Guerrero y otra en Oaxaca.

En el caso de Guerrero, uno de los perfiles cuestionados fue Víctor de la Paz Adame, cuya evaluación generó observaciones por las diferencias entre las calificaciones otorgadas por Guadalupe Taddei y las de otros integrantes del Consejo General.

También se difundieron señalamientos de partidos opositores sobre una presunta cercanía con el senador de Morena Félix Salgado Macedonio, sin que ello constituya por sí mismo una irregularidad acreditada.

Otra aspirante fue Brenda María Ayala Terrazas, cuestionada por antecedentes laborales relacionados con Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del INE.

Para Oaxaca, el perfil de Flor Angélica Enríquez García enfrentó observaciones sobre su trayectoria y presuntos vínculos con Morena, incluida su actividad académica en una Universidad para el Bienestar.

Ninguna de las tres candidaturas reunió los ocho votos necesarios para su designación, por lo que las vacantes permanecieron sin cubrir.

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