Ricardo Gallardo presuntamente habría contratado al histórico operador de Donald Trump en medio de la presión de Estados Unidos sobre políticos mexicanos
Un supuesto contrato por 750 mil dólares con Roger Stone y Diana London coloca al gobernador de San Luis Potosí en el centro de una nueva polémica. La contratación ocurre mientras autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, un contexto que ha elevado la tensión diplomática entre ambos países y que llevó incluso el tema hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La política mexicana volvió a cruzarse con la de Estados Unidos. Esta vez el protagonista es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien quedó bajo los reflectores luego de que se revelara la presunta contratación del veterano operador republicano Roger Stone, uno de los asesores políticos más cercanos al presidente estadounidense Donald Trump, para prestar servicios de relaciones públicas y asesoría en la relación del estado con autoridades estadounidenses.
La revelación fue publicada por el corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, quien informó que, de acuerdo con documentos presentados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno de San Luis Potosí firmó contratos por 750 mil dólares, equivalentes a poco más de 14 millones de pesos al tipo de cambio actual.
Los contratos contemplan un pago de 375 mil dólares para Roger Stone y otros 375 mil dólares para Diana London, colaboradora cercana del estratega republicano. Ambos acuerdos tendrían una duración inicial de seis meses con posibilidad de extenderse.
La contratación llega en el momento más delicado
La noticia no apareció en un momento cualquiera.
Su difusión coincide con una creciente presión política proveniente de Estados Unidos hacia distintos actores mexicanos, particularmente después de que el diario The New York Times publicara recientemente que autoridades estadounidenses mantienen investigaciones abiertas sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
En ese mismo reportaje, el periódico estadounidense señaló que varios funcionarios mexicanos habrían comenzado contactos con autoridades de Estados Unidos para colaborar como informantes en investigaciones relacionadas con corrupción y delincuencia organizada.
Aunque ninguna autoridad estadounidense ha presentado acusaciones formales contra Ricardo Gallardo dentro de esas investigaciones, la contratación de uno de los operadores políticos más influyentes del círculo de Donald Trump inmediatamente despertó especulaciones sobre el verdadero objetivo del acuerdo.
La coincidencia temporal resulta inevitable: mientras Washington endurece su postura hacia funcionarios mexicanos, un gobernador mexicano contrata precisamente a uno de los hombres con mayores conexiones dentro del entorno político del presidente estadounidense.
#DesdePALACIO 🇲🇽📰🔥 “¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) al criticar la publicación del New York Timessobre presuntos funcionarios de Morena que estarían colaborando con… pic.twitter.com/6SLnrVOnMf
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¿Qué dicen los contratos?
Los documentos registrados ante el Departamento de Justicia estadounidense establecen que Roger Stone y Diana London prestarían servicios de relaciones públicas y asesoría para fortalecer la relación del Gobierno de San Luis Potosí con funcionarios estadounidenses.
Según la información difundida, el objeto del contrato contempla actividades relacionadas con comercio, promoción económica y desarrollo de vínculos institucionales, aunque también permite modificar el alcance de los servicios mediante autorización escrita entre las partes.
Es precisamente esa amplitud del contrato la que alimentó las interpretaciones políticas.
Gallardo niega haber contratado a Roger Stone
Horas después de que la información comenzara a circular, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona respondió públicamente.
Negó haber contratado personalmente a Roger Stone y aseguró que la información difundida corresponde únicamente a convenios celebrados por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) como parte de una estrategia para atraer inversiones extranjeras.
Gallardo calificó como “falso de toda falsedad” que exista un contrato firmado por él para buscar protección política o algún tipo de gestión relacionada con investigaciones estadounidenses.
El mandatario sostuvo que desde hace más de un año su administración trabaja para atraer inversiones provenientes de Estados Unidos y aseguró que actualmente existen negociaciones avanzadas con dos grandes empresas estadounidenses que ya habrían adquirido más de 250 hectáreas dentro de parques industriales potosinos.
Debido a que ambas compañías cotizan en bolsa, explicó, todavía no pueden hacerse públicos sus nombres.
También afirmó que este tipo de contratos con consultoras internacionales son habituales dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y recordó que administraciones anteriores utilizaron esquemas similares para facilitar la llegada de empresas extranjeras.
Finalmente atribuyó la polémica a un intento por comenzar los “golpeteos políticos” rumbo a las elecciones de 2027.
Roger Stone no es un consultor cualquiera
La polémica creció precisamente por el perfil del personaje contratado.
Roger Stone es considerado uno de los operadores políticos más antiguos e influyentes del Partido Republicano.
Su relación con Donald Trump comenzó desde finales de la década de los ochenta, cuando impulsó las primeras aspiraciones políticas del hoy presidente estadounidense.
Desde entonces se convirtió en uno de sus estrategas más cercanos.
A lo largo de varias décadas participó en campañas presidenciales republicanas, desarrolló operaciones de comunicación política y terminó consolidándose como uno de los hombres con mayor acceso al círculo íntimo de Trump.
Su influencia quedó demostrada nuevamente durante el segundo mandato presidencial.
Diversas investigaciones periodísticas estadounidenses, entre ellas una publicada por Reuters, documentan que Stone ha intervenido en gestiones relacionadas con solicitudes de indulto presidencial y reducción de penas.
Entre los casos más conocidos aparece el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Stone aseguró públicamente haber gestionado ante Donald Trump el perdón presidencial para Hernández.
También ha realizado trabajos internacionales para distintos gobiernos extranjeros y mantiene actividades de consultoría política y cabildeo en diversos países.
Precisamente por ese historial, la contratación del estratega estadounidense despertó interés inmediato tanto en México como en Washington.
El tema llega hasta Palacio Nacional
La controversia alcanzó rápidamente la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuestionada sobre la contratación, la mandataria evitó descalificar directamente al gobernador potosino, aunque hizo una reflexión sobre el significado político que representa contratar consultores extranjeros.
Sheinbaum señaló que legalmente no existe ninguna prohibición para que un gobierno estatal contrate asesorías internacionales.
Sin embargo, sostuvo que ese tipo de decisiones sí reflejan la orientación política de cada administración.
“No es ilegal, pero dependiendo de quién es la asesoría, pues muestra la orientación de los gobiernos.”
La presidenta agregó que, en términos generales, México cuenta con suficientes especialistas para atender la mayoría de los asuntos públicos, por lo que solamente en casos altamente especializados resulta necesario contratar asesoría internacional.
Como ejemplo mencionó que su administración recurrió recientemente a una empresa alemana para realizar un análisis técnico sobre el Tren Interoceánico debido a que no existían especialistas nacionales con esa capacidad específica.
#DesdePALACIO 🏛️🇲🇽🇺🇸 La polémica por la presunta contratación del consultor estadounidense Roger Stone llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein).
La mandataria informó que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona,… pic.twitter.com/2QcsljQIEu
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Al mismo tiempo, Sheinbaum afirmó que el gobernador Ricardo Gallardo le había informado que no existía un contrato con Roger Stone en los términos difundidos públicamente.
“Acaba de desmentir el gobernador de San Luis Potosí que no hay ningún contrato; o sea, no existe ese contrato con este consultor.”
La declaración presidencial, sin embargo, abrió un nuevo debate, ya que la publicación de Reforma hace referencia a documentos registrados oficialmente ante el Departamento de Justicia estadounidense dentro del marco de la legislación que regula las actividades de representación de intereses extranjeros en Estados Unidos.
Un contexto internacional especialmente delicado
La contratación ocurre además cuando la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más sensibles de los últimos años.
En semanas recientes, investigaciones periodísticas publicadas en Estados Unidos han señalado que distintas agencias federales mantienen abiertas indagatorias relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia estadounidense anunció investigaciones contra exfuncionarios de Sinaloa, situación que provocó una respuesta inmediata del Gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido de manera reiterada que cualquier investigación debe realizarse respetando la soberanía nacional y mediante los mecanismos institucionales de cooperación entre ambos países.
En paralelo, diversos gobernadores han rechazado públicamente cualquier vínculo con las investigaciones difundidas por medios estadounidenses.
Es precisamente en medio de ese escenario cuando aparece la contratación de Roger Stone, uno de los operadores políticos con mayor cercanía a Donald Trump y con una amplia trayectoria en actividades de cabildeo y relaciones políticas dentro de Washington.
La coincidencia ha convertido el caso en uno de los episodios políticos más comentados de los últimos días, no sólo por el monto de los contratos, sino por el mensaje que envía en un momento en el que las relaciones entre ambos países atraviesan un periodo de alta sensibilidad política y diplomática.
Sheinbaum rechaza reportaje del NYT sobre informantes de Morena
