José Félix Cerezo Vélez, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, presentó una solicitud formal al Congreso del Estado para ser ratificado por un nuevo periodo de cinco años. La solicitud, hecha a través del oficio CDHP/PR/202/2024, fue expuesta ante el Pleno del Congreso por el presidente de la Mesa Directiva, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, y ha sido turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.
En el documento, Cerezo Vélez solicita que su ratificación se realice sin necesidad de emitir una convocatoria pública para la selección de un nuevo titular, argumentando que esto permitiría continuar con los proyectos que están en marcha sin interrumpir el funcionamiento de la CDH.
No obstante, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, declaró que la solicitud podría no ser aprobada. Durante una entrevista posterior a la sesión, García Chávez señaló que es probable que se emita una convocatoria pública para que otros aspirantes puedan participar en el proceso de selección. “Seguramente el compañero tendrá la posibilidad de participar, como todos los que así lo crean conveniente”, afirmó, dejando abierta la puerta para que Cerezo Vélez compita nuevamente por el cargo.
El actual periodo de Cerezo Vélez al frente de la CDH concluye el 6 de noviembre de 2024. Aunque la normativa permite que el Congreso local lo ratifique sin convocatoria pública, la negativa de García Chávez sugiere que se abrirá un proceso de selección en el que él y otros interesados podrán participar.
A lo largo de su gestión, Cerezo Vélez ha sido criticado por diversas decisiones, como el aumento de su salario de 67,000 a 127,000 pesos mensuales y la solicitud de incrementar el presupuesto de la CDH de 22 a 44 millones de pesos, sin que esto se refleje en un aumento de la cobertura o eficiencia del organismo. Actualmente, la CDH cuenta con seis oficinas en todo el estado y ha reducido el número de casos atendidos en comparación con administraciones anteriores.
Además, se han señalado irregularidades en los gastos del organismo, incluyendo observaciones por servicios de impresión que no cuentan con entregables, y la falta de una Visitaduría General, que la ley establece como obligatoria. Cabe mencionar que José Félix es primo de Verónica Vélez Macuil, también ex funcionaria cercana al difunto gobernador Miguel Barbosa y también señalada por la Auditoría Superior del Estado por un posible daño patrimonial de 25 millones de pesos en su paso por la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.
La decisión final recae en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Roberto Zataráin e integrada por seis diputados más. Esta comisión deberá emitir un dictamen que será sometido a votación en el Pleno del Congreso.
