Mientras Rubén Rocha enfrenta señalamientos por narco, su hija Eneyda conserva poder en el DIF Sinaloa
En medio del mayor terremoto político que ha enfrentado el círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, una pieza clave del entramado familiar y gubernamental permanece intacta: Eneyda Rocha Ruiz, hija del mandatario morenista, continuará al frente del Sistema DIF Sinaloa, confirmó la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en una decisión que manda un mensaje político claro: el gabinete podrá ajustarse, pero el núcleo familiar del poder aún conserva espacios estratégicos.
La confirmación ocurre mientras Rocha Moya se encuentra bajo presión nacional e internacional luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyera su nombre dentro de una acusación que involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales ligadas al narcotráfico.
Pese al tamaño del escándalo, la nueva administración interina ha optado por la continuidad.
“Yo lo dije desde un principio: en el Gobierno del Estado solamente hice dos cambios; uno es el encargado de despacho y otro, el jefe de despacho del gobernador. Solamente en esta administración son los cambios que se van a realizar dentro del Gobierno del Estado”, declaró Yeraldine Bonilla, cerrando la puerta —al menos públicamente— a una reestructuración mayor del gabinete.
Esa postura confirma que Eneyda Rocha Ruiz seguirá encabezando el DIF estatal, una de las instituciones con mayor visibilidad social, operación presupuestal y contacto directo con sectores vulnerables, lo que políticamente significa mantener una plataforma institucional de alto perfil dentro del círculo Rocha.
Sin embargo, la permanencia no ha estado acompañada de exposición pública.
Este miércoles, durante la entrega de 15 kits de estimulación temprana en Culiacán, programa impulsado por la propia Eneyda, la funcionaria no apareció, pese a tratarse de un evento estrechamente vinculado a su agenda institucional. En su lugar acudió Mercedes Ibarra Medina, directora del organismo, quien fungió como representante oficial.
La ausencia no pasó desapercibida porque coincide con un repliegue visible de la familia Rocha tras la tormenta judicial y política desatada por los señalamientos estadounidenses. Fuentes periodísticas en Sinaloa refieren que Eneyda ha mantenido actividades vía telefónica y por Zoom, evitando apariciones presenciales junto a la gobernadora interina, con quien se esperaba trabajara de manera cercana durante la transición.
Ese bajo perfil contrasta con la magnitud del caso.
El sábado 2 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida como gobernador argumentando que no quería obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que surgieron a partir de información promovida por autoridades estadounidenses.
El golpe político ha sido expansivo.
También solicitaron licencia:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán;
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal;
Mientras que Enrique Inzunza Cázarez, senador morenista y otro de los señalados, no se ha presentado a sus labores legislativas, alimentando la percepción de un repliegue coordinado dentro del grupo político señalado.
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas formales de las acusaciones, subrayando que en la petición de detención provisional con fines de extradición “no hay pruebas” suficientes sobre riesgo de fuga u obstaculización de la justicia, según la posición del gobierno mexicano.
No obstante, otro hecho elevó la controversia: Rubén Rocha recibió protección federal, medida que detonó críticas de actores políticos como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
Mientras tanto, en La Primavera, uno de los complejos residenciales más exclusivos de Culiacán, donde habitan familias vinculadas a la élite política sinaloense, comienza a hablarse de mudanzas, salidas discretas y repliegues familiares, síntoma social de un círculo de poder que, aunque conserva posiciones institucionales, empieza a cerrar filas ante una crisis de dimensiones internacionales.
El mensaje político es contradictorio pero poderoso: mientras varios operadores caen o se esconden, la estructura familiar todavía resiste dentro del aparato estatal.
