La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos parte de los documentos relacionados con las solicitudes de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara transparentar la información que inicialmente permanecería reservada por cinco años.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que hasta el momento no cuenta con pruebas suficientes para proceder contra Rocha Moya y el resto de los señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La decisión de publicar parcialmente los documentos ocurrió después de que la Cancillería había clasificado la información hasta 2031, argumento que fue revertido por instrucciones de la presidenta.
SRE publica tres documentos sobre el caso
La Cancillería difundió:
- Una nota informativa del 29 de abril.
- Un documento con las líneas de comunicación entre México y Estados Unidos.
- Un oficio de extrañamiento dirigido a la Embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales permanecen reservadas, al considerar que forman parte de investigaciones en curso.
México reclamó la difusión pública de los cargos
En la nota informativa, la SRE expone que durante una conversación telefónica con funcionarios estadounidenses manifestó su preocupación por la decisión de hacer públicos los cargos penales y los nombres de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados.
El gobierno mexicano argumentó que esa difusión podría afectar el debido proceso y los derechos de las personas involucradas antes de que existiera una resolución judicial.
Además, la Cancillería sostuvo que la información compartida por Estados Unidos corresponde a una investigación penal desarrollada en territorio estadounidense.
FGR: no existen pruebas suficientes
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República confirmó que mantiene abierta una investigación derivada de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
No obstante, el fiscal de Control Regional, David Boone de la Garza, aseguró que hasta ahora no existen elementos probatorios suficientes para cumplir con los estándares que exige la legislación mexicana.
“No ha habido pruebas suficientes para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano y la investigación continúa de manera exhaustiva”, señaló.
La FGR precisó que únicamente investiga los delitos relacionados con las acusaciones de narcotráfico formuladas por Estados Unidos.
🚨⚖️ FGR: aún no hay pruebas suficientes contra Rubén Rocha Moya (@rochamoya_).
La Fiscalía General de la República (@FGRMexico) informó que, hasta el momento, la investigación sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por… pic.twitter.com/4sTDgSvO3c
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) July 9, 2026
Estados Unidos acusa a diez funcionarios sinaloenses
De acuerdo con la documentación difundida por la SRE, las autoridades estadounidenses acusan a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de colaborar durante años con la organización criminal de Los Chapitos.
Entre los señalados se encuentran:
- Rubén Rocha Moya.
- Enrique Inzunza.
- Juan de Dios Gámez Mendívil.
- Otros siete funcionarios y exfuncionarios.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos relacionados con:
- Tráfico de fentanilo.
- Tráfico de heroína.
- Tráfico de cocaína.
- Tráfico de metanfetaminas.
- Posesión y conspiración para poseer armas automáticas y artefactos destructivos.
- Protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa.
México insiste en respetar el debido proceso
En el documento denominado “Líneas de comunicación México–Estados Unidos”, la Cancillería reitera que cualquier procedimiento de extradición deberá sustentarse en pruebas verificables y ajustarse a la Constitución mexicana.
Asimismo, sostiene que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar el curso de las investigaciones y decidir si existen elementos suficientes para proceder conforme a derecho.
El Gobierno de México reiteró que continuará la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque insistió en que no permitirá decisiones que vulneren la soberanía nacional ni el debido proceso.
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