José Luis García Parra presentó datos sobre seis empresas relacionadas con contrataciones electorales y respaldó las investigaciones de la UIF.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presentó información sobre una red empresarial vinculada con contrataciones electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos. En representación del gobernador Alejandro Armenta, respaldó las investigaciones anunciadas por Claudia Sheinbaum y pidió transparentar los contratos del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
El Gobierno de Puebla presentó información sobre una presunta red de empresas vinculadas con contrataciones de materiales y servicios electorales, que habría acumulado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos mediante adjudicaciones realizadas en distintas entidades del país durante los últimos 27 años.
Durante una conferencia de prensa realizada este jueves 5 de noviembre, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, expuso una cronología sobre las operaciones de este grupo empresarial y señaló que, de acuerdo con los datos presentados, Puebla registró contrataciones por 129.7 millones de pesos durante 2024 y 2025, la cifra más alta entre las diez entidades incluidas en la comparación de ese periodo.
En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario expresó el respaldo de la administración estatal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones de organismos electorales.
Puebla pasó de 49.4 a 129.7 millones de pesos en los periodos analizados
Uno de los datos centrales de la presentación fue el comportamiento de las contrataciones relacionadas con las empresas señaladas.
Según las cifras expuestas por García Parra, Puebla acumuló 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que para el periodo de 2024 a 2025 el monto identificado ascendió a 129.7 millones de pesos.
La diferencia es de 80.3 millones de pesos, equivalente a un incremento de aproximadamente 162.6 % entre los montos acumulados de ambos periodos.
Sin embargo, las cifras corresponden a intervalos de distinta duración —diez años frente a dos—, por lo que no deben interpretarse como una comparación de crecimiento anual.
En la gráfica correspondiente a 2024-2025, Puebla apareció por encima de Jalisco, con 102.2 millones de pesos; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.
#LaMañanerAA 🚨🏛️ ¡“PUEBLA NO ES EXCEPCIÓN”! GARCÍA PARRA PIDE REVISAR TODOS LOS CONTRATOS ELECTORALES DEL IEE
⚖️ Ante el escándalo por presuntas irregularidades en contrataciones electorales, José Luis García Parra (@JLG_PARRA), coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, sostuvo que deben investigarse todos los contratos adjudicados a las empresas señaladas, sin importar quién haya estado al frente de las instituciones.
💰 El funcionario expuso dos montos identificados:
📌 49.4 millones de pesos, correspondientes al periodo 2014-2023.
📌 129.7 millones de pesos, correspondientes a 2024-2025.
🔎 García Parra aclaró que estas cantidades corresponden a contratos adjudicados y que deberá verificarse si los procedimientos fueron correctos y los servicios efectivamente prestados.
🏛️ Señaló que esa revisión corresponderá a las autoridades fiscalizadoras, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (@ASF_Mexico).
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) November 5, 2026
Los montos representan contrataciones identificadas en la información presentada por el gobierno estatal y no constituyen, por sí mismos, recursos desviados ni daños patrimoniales acreditados.
Señalan a seis empresas relacionadas con proveedores electorales
García Parra explicó que la revisión de información pública, atribuida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, permitió identificar al menos seis empresas presuntamente vinculadas entre sí.
En la presentación se mencionaron las siguientes razones sociales:
- Formas Finas y Materiales.
- Cajas Graf.
- Seriplast de México.
- Comercializadora JVLY.
- Corporativo ZEG.
- Formas Finas Fernando Fernández.
De acuerdo con la explicación del coordinador de Gabinete, la hipótesis investigada es que varias empresas relacionadas participaban en una misma licitación, presentaban propuestas económicas y, finalmente, el contrato terminaba en manos de una compañía perteneciente al mismo grupo empresarial.
Este posible mecanismo de simulación de competencia deberá ser acreditado por las autoridades investigadoras, ya que la existencia de empresas relacionadas o su participación en procedimientos de contratación no demuestra automáticamente una conducta ilícita.
El funcionario sostuvo que los antecedentes de estas operaciones se remontan a 1999, en el Estado de México, y mencionó un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005, que habría derivado en señalamientos y renuncias de consejeros electorales.
Gobierno de Puebla respalda investigaciones de UIF, FGR y ASF
El coordinador de Gabinete señaló que la administración de Alejandro Armenta respalda el esclarecimiento de los hechos mediante las instituciones competentes y sin excepciones.
La postura se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara, durante su conferencia matutina del mismo jueves, que las investigaciones se relacionan con revisiones de fuentes abiertas y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había iniciado acciones para inmovilizar determinadas cuentas bancarias, como parte de los procedimientos relacionados con las operaciones financieras bajo revisión.
La intervención de la UIF y las eventuales investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) corresponden a procedimientos distintos de las revisiones administrativas sobre contratos electorales.
Por su parte, García Parra aseguró que el gobierno estatal respetará la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado (IEE), y que no pretende anticipar responsabilidades ni descartar posibles irregularidades antes de que concluyan las investigaciones.
García Parra menciona trayectoria de Guadalupe Taddei y cuestiona a la oposición
Durante la exposición, el funcionario también se refirió a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, cuyo nombre ha sido mencionado en la controversia sobre proveedores electorales.
García Parra recordó que Taddei fue designada consejera electoral en Sonora en 2014, cuando el Consejo General del INE era encabezado por Lorenzo Córdova Vianello, y que en 2023 llegó a la presidencia del organismo nacional mediante el procedimiento de insaculación previsto en la legislación.
Con estos antecedentes, el coordinador de Gabinete sostuvo que la trayectoria institucional de Taddei no se originó en los gobiernos de la Cuarta Transformación.
También acusó a sectores de la oposición de mantener una doble moral al cuestionar presuntas irregularidades que, según su exposición, tendrían antecedentes en administraciones anteriores.
Estas afirmaciones corresponden a la postura política expresada por García Parra y no sustituyen las investigaciones sobre las contrataciones ni las posibles responsabilidades individuales.
Solicitan transparentar contratos del IEE rumbo a 2027
Entre los compromisos anunciados, el Gobierno de Puebla planteó promover la publicación íntegra de los contratos de procesos anteriores del Instituto Electoral del Estado, con el objetivo de facilitar su revisión.
García Parra sostuvo que la administración estatal colaborará con las autoridades competentes y respetará la autonomía de los organismos electorales, particularmente ante la proximidad de los comicios del 6 de junio de 2027.
El funcionario también informó que el gobierno encabezado por Alejandro Armenta ha separado a 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas, como parte de sus acciones de control administrativo y combate a la corrupción.
El dato fue presentado como un balance de la administración estatal y no como un número de personas involucradas en la investigación sobre proveedores electorales.
Por ahora, el señalamiento principal es la existencia de una posible red de contrataciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, cuya operación, beneficiarios y eventuales irregularidades deberán ser determinados por las autoridades correspondientes.
En el caso de Puebla, la información presentada coloca bajo revisión contrataciones por 179.1 millones de pesos acumulados en los dos periodos expuestos, mientras el gobierno estatal solicita transparentar los procedimientos del organismo electoral local.
