UIF bloquea cuentas de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios señalados por EU; Hacienda asegura que es una medida “preventiva”
La crisis política y judicial que rodea al grupo cercano al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló este domingo luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y colaboración con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por la UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se informó la incorporación de los involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como parte de una estrategia preventiva dirigida a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Entre los señalados se encuentran perfiles clave de la estructura política, financiera y de seguridad pública de Sinaloa, varios de ellos ligados directamente al círculo más cercano de Rocha Moya.
Los 10 perfiles bajo bloqueo financiero
La UIF confirmó acciones de inmovilización financiera contra:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario de Gobierno estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, quien ya se entregó a autoridades estadounidenses.
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal.
- Marco Antonio Almanza.
- Alberto Jorge Contreras.
- Gerardo Mérida Sánchez, quien también se entregó en Estados Unidos.
- José Antonio Dionisio Hipólito.
- Juan Valenzuela Millán.
Todos ellos aparecieron previamente en investigaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se les vincula presuntamente con operaciones de protección política, tráfico de drogas, tráfico de armas y colaboración con integrantes del grupo criminal encabezado por “Los Chapitos”.
UIF insiste: no significa culpabilidad
En su comunicado, la UIF intentó precisar que el congelamiento de cuentas “no constituye una determinación definitiva ni implica responsabilidad penal o administrativa”.
#Nacional 🔴🇲🇽 La Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporó a Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) y otros nueve mexicanos a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva derivada de alertamientos emitidos por autoridades estadounidenses y bancos internacionales.… pic.twitter.com/VcqJ31y1v7
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) May 18, 2026
La dependencia explicó que las medidas derivan de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas, los cuales fueron generados a partir de alertamientos de autoridades estadounidenses y bancos con relaciones de corresponsalía financiera con Estados Unidos.
La UIF detalló que el mecanismo utilizado corresponde a procedimientos conocidos como “LPB 24 Horas”, mediante los cuales se realiza una inmovilización inmediata para proteger la integridad del sistema financiero nacional ante posibles riesgos de operaciones ilícitas.
Además, sostuvo que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales, derecho de audiencia y mecanismos administrativos y jurisdiccionales para defenderse.
El golpe financiero más delicado para el grupo Rocha
Aunque Hacienda insiste en el carácter preventivo de la medida, políticamente el golpe es severo para el entorno de Rubén Rocha Moya.
El congelamiento ocurre apenas semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense reveló una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acusación sostiene que “Los Chapitos” habrían intervenido en procesos políticos en Sinaloa mediante intimidación, protección y financiamiento ilegal.
El caso ha provocado una de las crisis políticas más profundas para Morena en Sinaloa, particularmente porque dos de los involucrados ya se entregaron voluntariamente en Estados Unidos: Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez.
Ambos formaban parte del núcleo estratégico del gobierno de Rocha Moya: uno controlaba las finanzas estatales y el otro encabezaba la seguridad pública.
Morena y el Gobierno federal enfrentan creciente presión
La decisión de la UIF también ocurre en medio de crecientes presiones diplomáticas y políticas entre México y Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción política.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido públicamente en exigir pruebas al gobierno estadounidense antes de proceder penalmente contra cualquier funcionario mexicano.
Incluso adelantó que su gobierno presentará casos donde Estados Unidos negó extradiciones solicitadas por México argumentando falta de pruebas.
Sin embargo, el congelamiento financiero confirma que las instituciones mexicanas ya comenzaron a tomar medidas administrativas derivadas de los reportes generados desde Estados Unidos.
El caso amenaza con convertirse en uno de los expedientes políticos y judiciales más delicados para Morena rumbo al proceso electoral de 2027.
Sheinbaum minimiza entrega de exfuncionarios ligados a Rocha Moya
