El excontralor del exgobernador Mario Marín Torres, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, busca colarse al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla, por lo que organizaciones civiles alistan un desplegado en su contra para exigir que sea vetado, en medio del apoyo que este dio en campaña al ahora gobernador electo Alejandro Armenta Mier.
El marinista pretende ser parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC), único espacio destinado a la representación de la sociedad civil, pues el resto del sistema lo conforman las dependencias gubernamentales y órganos autónomos.
Esta semana compareció ante la Comisión de Selección del SEA para exponer su aspiración y trayectoria, pero ahí fue cuestionado sobre su pasado en el polémico gobierno del “gober precioso”.
En la entrevista, el exfuncionario defendió que no tiene nada que ver en lo que se imputa a su ex jefe; presumió que nunca le han comprobado ningún acto ilegal o irregular y que su patrimonio es lícito, ya que es resultado su trabajo y ahorros.
Incluso reconoció que en el gobierno de Rafael Moreno Valle “les buscaron” de todo a los marinistas y no les hallaron nada, por lo cual se jactó de no tener ninguna acusación en su contra.
No obstante, organizaciones civiles sobre acceso a la información y periodistas, emitirán un desplegado la próxima semana para exigir a la Comisión de Selección del SEA que no designe a Sánchez Ruiz, al denunciar que encubrió múltiples acusaciones de corrupción del gobierno de Mario Marín, cuando estuvo al frente de la entonces Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, que luego se convirtió en Contraloría del estado y ahora es la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Entre los señalamientos se encuentra el manejo irregular de apoyos en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que fue encabezada por Armenta Mier, quien precisamente por estos hechos enfrentó una investigación, pero de la Fiscalía General del Estado (FGE) a raíz de una denuncia.
En el pronunciamiento también se advierte complicidad en los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que llevaron a la cárcel a Marín Torres, ya que Sánchez Ruiz nunca investigó al exgobernador y solo sancionó a dos policías estatales, pero por espionaje.
