Latinus difundió grabaciones atribuidas a José Alfredo Hernández Casillas; el INE prepara acciones legales y revisiones de contratos desde 2023.
Grabaciones difundidas por Latinus muestran el deterioro de la relación entre Guadalupe Taddei y el proveedor electoral José Alfredo Hernández Casillas. El empresario afirma haber resguardado videos en el extranjero, mientras surgen señalamientos sobre plazas irregulares y el INE prepara acciones legales para revisar las contrataciones realizadas desde 2023.
Las nuevas grabaciones difundidas por Latinus, en el espacio informativo de Carlos Loret de Mola, colocaron nuevamente bajo escrutinio a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con contratos de proveeduría electoral.
Los materiales muestran una relación deteriorada, marcada por reclamos y advertencias. En uno de los fragmentos, Hernández Casillas asegura que dejó grabaciones y declaraciones en Europa, Estados Unidos y Canadá para que fueran difundidas si algo le ocurría.
Las revelaciones se producen en medio de investigaciones sobre operaciones financieras de proveedores electorales, señalamientos de posibles irregularidades en contrataciones y la preparación de denuncias por parte de la nueva conducción del INE.
El caso también ha puesto bajo revisión presuntas plazas irregulares dentro del organismo y la actuación de funcionarios vinculados con la administración anterior.
Hernández Casillas advierte sobre videos resguardados en el extranjero
Uno de los fragmentos más relevantes corresponde a una conversación en la que Hernández Casillas asegura haber distribuido materiales comprometedores fuera de México.
En la grabación, el empresario plantea que, si algo le sucediera, la información podría hacerse pública y afectar a las personas involucradas.
La advertencia muestra el nivel de confrontación entre el proveedor y la entonces titular del organismo electoral. También plantea interrogantes sobre el motivo por el cual Hernández Casillas decidió documentar sus conversaciones.
Sin embargo, no se ha acreditado públicamente que los videos mencionados estén efectivamente resguardados en esos países, ni se conocen todas las circunstancias en que fueron obtenidos.
Los materiales divulgados por Latinus constituyen elementos de interés periodístico, pero corresponde a las autoridades determinar su autenticidad, integridad y posible relevancia jurídica.
Señalan presuntas plazas irregulares vinculadas con exfuncionaria del INE
Las grabaciones también incluyen acusaciones contra Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Hernández Casillas menciona un conjunto de plazas que atribuye a la exfuncionaria y sostiene que algunas personas habrían ocupado puestos sin desempeñar las funciones correspondientes.
En los fragmentos difundidos se hace referencia a 62 plazas, aunque en otras partes del material se menciona la cifra de 72. Esta diferencia deberá aclararse antes de establecer una cantidad definitiva.
El empresario también habla de una mujer que, según su versión, anteriormente prestaba servicios de masajes y habría sido incorporada a la nómina desde la etapa en que Taddei trabajó en el organismo electoral de Oaxaca.
No se han presentado en la información proporcionada registros de nómina, nombramientos o documentos administrativos que acrediten esas acusaciones. Por ello, los señalamientos deben considerarse versiones atribuidas a Hernández Casillas, no irregularidades demostradas.
Un amparo previo a la difusión de las grabaciones
Otro elemento revelado por Latinus es que José Alfredo Hernández Casillas habría promovido un amparo en febrero de 2026 para protegerse frente a una eventual orden de aprehensión.
De acuerdo con los datos del expediente difundidos por el medio, la solicitud fue presentada el 9 de febrero y recibida al día siguiente por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
El 11 de febrero se le habría concedido una suspensión provisional, con una garantía de 6 mil 500 pesos.
Posteriormente, al no localizarse una orden de aprehensión durante la revisión correspondiente, el procedimiento concluyó el 28 de abril y el expediente fue archivado el 3 de julio.
La presentación de este recurso no acredita que Hernández Casillas hubiera cometido un delito, pero sí constituye un antecedente relevante de su preocupación por una posible acción judicial.
Tampoco permite determinar si posteriormente se emitió alguna orden en su contra.
INE prepara denuncias por cinco posibles delitos
Mientras se conocen las grabaciones, la presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Yassahara Cruz García, informó que se afinan los detalles de las acciones legales relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior.
Según los reportes proporcionados, el instituto prepara una denuncia que contempla hechos posiblemente relacionados con cinco figuras delictivas:
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Enriquecimiento ilícito.
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Peculado.
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Tráfico de influencias.
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Ejercicio abusivo de funciones.
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Uso ilícito de atribuciones.
La presentación de la denuncia y su alcance definitivo deberán confirmarse mediante el documento formal que entregue el INE a las autoridades competentes.
Cruz García explicó que la revisión jurídica requiere la participación de los integrantes del Consejo General, por lo que el procedimiento todavía se encontraba en preparación.
La formulación de una denuncia no supone que los delitos estén acreditados ni que exista responsabilidad penal de las personas señaladas.
Contratos de credenciales para votar, bajo revisión
La revisión institucional también contempla contrataciones realizadas desde 2023, año en que Taddei asumió la presidencia del INE.
Entre los procedimientos mencionados se encuentran los relacionados con la producción de credenciales para votar y la participación de empresas como Cosmo Color y Car Solutions, además de referencias a Talleres Gráficos de México.
El objetivo es establecer si los procedimientos de adjudicación, ejecución y supervisión de los contratos se realizaron conforme a la normativa aplicable.
Por separado, los reportes atribuyen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la identificación de vínculos entre siete empresas y 83 personas en el marco de sus revisiones.
Entre las firmas mencionadas aparece Cajas Graf, relacionada en los reportes con Hernández Casillas. Las denominaciones de las demás compañías y sus vínculos específicos requieren corroboración documental antes de atribuirles conductas irregulares.
UIF bloquea cuentas de 25 personas y 15 empresas
A la controversia se suma la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que, según la información divulgada, incorporó a una lista de bloqueo a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones consideradas de riesgo.
El bloqueo de cuentas es una medida administrativa de naturaleza preventiva y no constituye por sí mismo una sentencia o una declaración de culpabilidad.
El consejero electoral Arturo Castillo Loza señaló que el INE se encuentra a la espera de conocer si alguna de las empresas alcanzadas por esas medidas mantiene contratos vigentes con el organismo.
Esa información será relevante para determinar si deben adoptarse medidas adicionales que permitan proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios electorales.
Consejo General impulsa 19 medidas para revisar contrataciones
En respuesta a la crisis, el Consejo General del INE aprobó, según los reportes del jueves 5 de noviembre, un plan extraordinario integrado por 19 medidas.
Entre las acciones señaladas se encuentran la realización de auditorías externas, el fortalecimiento de controles sobre la información institucional, la conservación de documentos y la incorporación de mecanismos de vigilancia ciudadana en futuros procesos de contratación.
También se contempla solicitar la intervención de la ASF para revisar ejercicios anteriores y determinar posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
La propuesta de revisar periodos previos a la gestión de Taddei amplía el alcance de la fiscalización, aunque no modifica la obligación de investigar individualmente las decisiones tomadas durante su administración.
Sheinbaum pide revisar también administraciones anteriores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió nuevamente a la necesidad de investigar posibles irregularidades en organismos electorales, incluyendo las correspondientes a administraciones anteriores del INE.
El debate también ha alcanzado al periodo en que Lorenzo Córdova Vianello encabezó el instituto.
Sin embargo, la existencia de posibles antecedentes no demuestra irregularidades en gestiones específicas. Cualquier señalamiento debe sustentarse en documentos, auditorías y resoluciones de las autoridades competentes.
Las investigaciones actuales deberán establecer si existieron anomalías en los contratos electorales, quiénes participaron en las decisiones administrativas y si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley.
Por ahora, las grabaciones difundidas por Latinus, las investigaciones financieras y las medidas anunciadas por el INE conforman procesos distintos que deberán examinarse sin confundir acusaciones periodísticas con responsabilidades judicialmente acreditadas.
